En el marco de la emergencia social, económica y ecológica declarada en Colombia a raíz de la COVID-19 la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto de ley denominado “borrón y cuenta nueva”. Que permitirá por una solo vez una amnistía a todos los deudores reportados por las centrales de riesgo, que por estos días padecen la fuerte recesión económica que se vive en el país. “Esta ley busca reactivar la vida crediticia de las personas y lograr el aumento de la rotación de capital o masa monetaria, que a bajas tasas de interés como las actuales, lograría hacer crecer en los próximos meses las compras y en general las ventas netas de los productores y oferentes en general” Explico Giovanni Carlos Argel Fuentes Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba.
Asimismo, el docente de esta institución manifestó que esta ley, aprovechando la situación presentada por la emergencia social, económica y ecológica, permitirá la limpieza de la hoja de vida financiera de los colombianos, además de proteger en el marco del Habeas dato financiero al deudor. De otro lado dinamizará el consumo agregado a partir del estímulo a la demanda por medio del incremento de los gastos familiares y empresariales.
“La constitucionalidad de este tipo de protección es un instrumento político-jurídico que permite darle seguridad al sistema comercial como a toda la economía; en un principio general de filosofía o cultura a las buenas prácticas en el entorno socio jurídico y productivo en el territorio”. Manifestó el docente de Unicórdoba.
En este orden de ideas Argel Fuentes es contundente y afirma que esta nueva ley, una vez se concilie el texto y sancione, propone en sus beneficios, otorgarle tiempos prudentes a quienes atraviesan complicaciones financieras en la actual emergencia sanitaria para que obtengan paz y salvos ante las agencias de riesgos y puedan, al menos en ese tiempo, gozar de una vida crediticia sana y protegida.
Entre algunas disposiciones que propone esta nueva ley denominada “borrón y cuenta nueva” se encuentran: beneficios a deudores, a las pequeñas y medianas empresas PYME, a los deudores campesinos, al sector turístico y a los deudores del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, con créditos educativos, quienes saldrán del reporte negativo en este período, al ponerse al día y aprovechando los beneficios financieros y tributarios del caso.
El proyecto plantea una duración máxima de cuatro años como permanencia en las centrales, teniendo en cuenta el tiempo de mora que posea el deudor al momento de entrar en vigencia la ley, lo cual puede reducir aprovechando la amnistía propuesta, el proyecto además propone que se notifique dos veces al deudor que tenga obligaciones menores al 15% del salario mínimo ($131.670), antes de ser reportado, anota el profesor Argel.
Para el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la alma mater, el problema de la morosidad de los deudores, seguirá latente una vez se recupere parcial o totalmente la economía, con seguridad volverá a crecer la tasa de deudores morosos y de castigos a la cartera, fundamentalmente por la incapacidad de pago e insolvencia financiera del deudor y la cultura de algunos colombianos a no cumplir con las obligaciones financieras.
La ley a futuro, en sus ajustes, debe estimular el ahorro, la inversión y la reducción o eliminación absoluta de los costos financieros. Hoy elevados y diseminados en el sistema financiero colombiano, que asfixian al deudor y fortalece el capital de los grupos financieros. Además de contraer los gastos y sacrificar la demanda.
