Por ser los hijos de los pobres los más favorecidos a futuro, y quienes precisamente conforman el 99 % de la población estudiantil de la alma mater, la Universidad de Córdoba celebra la aprobación por parte de la Asamblea y sanción por parte del gobernador, Orlando Benítez Mora, del Fondo Para la Educación Superior del Pueblo.
Con esta ordenanza se comienza hacer realidad la política pública de la gratuidad en la educación superior como lo ha propuesto desde hace varios meses el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo y que hoy se materializa gracias al trabajo sinérgico que desarrolla la institución con el Gobierno seccional.
Con el Fondo Para la Educación Superior del Pueblo se elimina de forma automática el rezago a la educación pública estatal, sin excusas para la gratuidad de las matrículas, como estrategia de sostenibilidad que redundará en calidad de vida de las futuras generaciones.
Una primera aplicabilidad de ese sistema de gratuidad de las matrículas fue diseñado por la Universidad de Córdoba para hacerle frente a la crisis económica de las familias con hijos estudiando en la institución, durante el segundo semestre académico 2020 – 2, y cuya propuesta recibió el respaldo tanto del gobernador Benítez, como de un buen número de alcaldes que también han manifestado su aporte a la causa social.
Para ello la Gobernación precisamente aporta mil millones de pesos al modelo que diseñó la Universidad de Córdoba, para subsidiar los $ 5.807 millones que representa el costo de las matrículas de los estudiantes antiguos de pregrado. El resto de los recursos se gestionaron así: $ 2.550 millones del Ministerio de Educación, $ 600 millones de la Alcaldía de Montería, a cuyo municipio pertenece el 46 % de la población de estudiantes de la institución, y el resto lo asume la Universidad con los descuentos que hace automáticamente, como el 12% correspondiente a medicina preventiva, el seguro estudiantil de $ 18.000 y el 1 % correspondiente a derechos de laboratorios.