Se encuentra en trámite en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca establecer la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas en Colombia. El docente de la Universidad De Córdoba Eduardo Hoyos Villalba al respecto de este tema tan controversial se pregunta si existe en Colombia la infraestructura física, legal, judicial y moral para implementar este tipo de penal. Y a la vez expresa que considera que definitivamente la respuesta es un NO contundente.
El jurista adscrito al Consultorio Jurídico de la Universidad reflexionó: “Cuando existen actos delincuenciales atávicos o el individuo es proclive al delito, es reincidente en uno o varios comportamientos delictivos, y no hay posibilidad alguna de cumplir con ese fin altruista de la pena, que es la resocialización, se torna entonces imperioso el aislamiento total y definitivo de este individuo del colectivo social”. Visto así, le damos la bienvenida a esta publicitada medida”.
Las penas deben cumplir con unas funciones constitucionales, unas de carácter general, otras de carácter particular; las primeras atienden a enviar un mensaje de prevención a la sociedad, en el sentido de que el delito no es bueno y por tanto su ejecución debe ser castigada con una sanción ejemplar; las segundas atienden a enviar un mensaje de prevención especial al delincuente, para que a través de la pena (privativa de la libertad) se aísle al delincuente, por manera del colectivo social y de esta manera no siga causando daño.
La infraestructura Física que existe rebasó con mucho los límites de la tolerancia, existe una sobrepoblación carcelaria por encima de 300%, las condiciones de bienestar y salubridad de esta población se encuentran totalmente desbordadas. Un interno le cuesta al estado en promedio y en mínima seguridad, alrededor de $1.500.000 mensuales, el espacio físico es tan reducido que habitan en condiciones de extrema marginalidad. Puntualizo el docente.
Otro aspecto objeto de análisis por el abogado Eduardo Hoyos es que las normas que gobiernan el régimen penitenciario en Colombia, no están fundadas sobre la realidad, estas no han estado precedidas de los suficientes estudios sociológicos necesarios para que puedan dar una verdadera solución a esta problemática en el país, ni que decir de la norma penal, creada solo para penalizar conductas, descociendo que el derecho penal es la última rattio en la solución de conflictos sociales.
En este orden de ideas el profesor explica que nuestro derecho Penal sigue con los principios del derecho Penal del Estado liberal (Derecho Penal del enemigo, Derecho Penal como instrumento de poder del Estado); La Constitución de 1991 nos introdujo en el modelo de Estado Social y democrático de derecho, de conformidad al cual el Derecho Penal es un muro de contención al poder punitivo del estado, pero parece que aún en nuestro país no nos hemos enterado.
Con respecto a la Infraestructura judicial Hoyos Villalba es claro y manifiesta las falencias de un sistema judicial precario donde por ejemplo la promiscuidad de los jueces de control de garantías en un 70% les toca conocer de varias áreas del derecho, restándole especialización y tiempo al derecho Penal, además de la influencia marcada y determinante de los medios de comunicación en la investigación y juzgamiento de los procesos penales y la falta de Jueces para asumir el conocimiento de los procesos investigados.
Por otra parte, el afán del acusador de inflar imputaciones a efectos de cumplir metas estadísticas, reflejo de esto la macartización de algunos tipos penales, que colocan al procesado en un sitial de desventaja desde la imputación hasta la segura condena, es justamente para este tipo de delitos para los que se está implementando la cadena perpetua. Reitero el docente de la alma mater.
Quienes hoy abogan por la implementación de la cadena perpetua, deberán preguntarse sí solo aplica para los delitos contra menores de edad y que pasa con los otros no menos graves y tenebrosos, como Corrupción, genocidio, desaparición forzada, secuestro, homicidio entre otros.
Finalmente, el asesor del consultorio jurídico de Unicórdoba Eduardo Hoyos Villalba no ve la necesidad en estos momentos de reformar la Constitución para implementar la cadena perpetua, porque resulta que en Colombia hace mucho tiempo la tenemos, la pena máxima en Colombia va hasta 60 años; el promedio de vida en Colombia es de 75 años, luego a una persona de 18 años que le impongan el máximo de la pena establecida, está condenado a cadena perpetua.